Socorro Sánchez Pérez 

La política educativa del estado mexicano de 1992.

En México, las políticas educativas se proponen incorporar a todos a la escolaridad obligatoria. Para ello no sólo se limita a multiplicar escuelas en el territorio, sino también a diseñar e implementar ofertas adecuadas para alcanzar a los excluidos. Al mismo tiempo, ya que se trata no sólo de escolarizar, sino de mejorar las oportunidades de aprendizaje, México, al igual que otros países latinoamericanos, desplegó intervenciones específicamente orientadas a revertir desigualdades en la oferta del servicio educativo. En otras palabras, rompió la lógica de la oferta escolar homogénea y multiplicó las instituciones y programas pensados para responder a poblaciones con diferentes necesidades de aprendizaje y condiciones de vida. La presencia y expansión de la llamada Educación Comunitaria -ofertada por el CONAFE -  y  de la Telesecundaria constituyen esfuerzos significativos para alcanzar a los más pobres y excluidos.

Los Programas Compensatorios y los programas de lucha contra la pobreza, como Solidaridad o Progresa, buscan equilibrar distribuciones tanto del lado de la oferta como de la demanda de servicios educativos. Los primeros, tratando de dar más y mejor educación para los más necesitados; los segundos, operando ciertas distribuciones secundarias de recursos que de algún modos satisfagan las necesidades básicas de aquellos grupos sociales que no disponen de un ingreso mínimo y estable que garantice la educabilidad de niños y niñas.

Precisamente, es cada vez más evidente que cumplir con el derecho a la educación requiere un esfuerzo sistemático e integral tanto por parte de las instituciones públicas responsables de la formulación e implementación del servicio educativo, como de aquellas responsables de llevar a cabo políticas públicas económicas y sociales en general. Pero estos esfuerzos deben ser integrales y”públicos” en una segunda dimensión, en la medida en que no se agotan en el ámbito de las políticas gubernamentales, sino que requieren de una nueva y estrecha vinculación entre actores y recursos estatales y sociales en sentido amplio (comunidad, familias, empresas, etc.).